El PP exige a Defensa que aclare en el Congreso el escándalo de las viviendas militares de Palma

PALMA.- El diputado del PP y vicepresidente de la Comisión de Defensa Arsenio Fernández de Mesa ha presentado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados en las que pide al Gobierno que aclare el escándalo protagonizado por el delegado del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) en Baleares, el teniente coronel Manuel Rivas González.

Esta iniciativa parlamentaria tiene su origen en las informaciones publicadas por EL MUNDO/El Día de Baleares sobre la denuncia que la esposa de un alto mando de la Base Naval de Porto Pi ha presentado ante la Fiscalía contra Manuel Rivas por los presuntos delitos de allanamiento de morado, prevaricación y fraude a la Hacienda Pública.

En su interpelación, el diputado popular pide al Gobierno que aclare si es cierto que el delegado del Invifas ha permitido que el ex jefe de Órdenes de la Base Naval, el hoy capitán de fragata Ricardo Álvarez-Maldonado disfrutara de dos viviendas militares al mismo tiempo durante siete años, algo que prohibe expresamente el reglamento del Invifas y la Ley 26/1999 de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas. «¿Qué explicación puede dar el Ministerio de Defensa a semejante irregularidad consentida?», cuestiona Fernández de la Mesa en su interpelación parlamentaria.

Compañeros de regatas

Según consta en la denuncia, la delegación del Invifas en Baleares adjudicó a Álvarez-Maldonado una vivienda en la calle Sobreposat de Palma, en una polémica subasta celebrada en junio de 1999, pese a lo cual el capitán de fragata ha seguido residiendo gratuitamente desde 1998 hasta el pasado 30 de agosto de un pabellón de cargo situado en la Base de Porto Pi: un amplio inmueble de dos plantas, situado junto a los muelles.

El artículo 28 del Real Decreto 991/2000, que desarrolla la Ley de movilidad de las Fuerzas Armadas, establece que ningún miembro del Ejército «podrá ser titular de dos viviendas militares. Asimismo, durante el tiempo que esté ocupando un pabellón de cargo, a su titular no se le podrá adjudicar una vivienda militar».

El ex jefe de Órdenes de la Base habría incurrido en ambas irregularidades, presuntamente con el consentimiento del teniente coronel Manuel Rivas, quien conocía bien su situación personal: a ambos les une una estrecha amistad y son compañeros de regatas.

El diputado popular Arsenio Fernández de Mesa también pide al Ministerio de Defensa que aclare por qué, tras permitir esta irregularidad durante siete años, Rivas se niega ahora a que el nuevo jefe de Órdenes de la Base Naval ocupe el mismo pabellón militar de Porto Pi.

Según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía y ante la Guardia Civil, el delegado del Invifas justifica esta negativa alegando que pretende mantener deshabitado el pabellón durante 10 meses, para ejecutar reformas presupuestadas en 70.000 euros. De esta cantidad, 30.000 euros corresponden a la sustitución de la red eléctrica de la vivienda pues, según Rivas, su estado entraña un grave peligro para la seguridad de los inquilinos. Pero lo cierto es que un instalador autorizado por el Govern ha acreditado que la red eléctrica se encuentra en perfecto estado y no entraña el menos peligro.

Del mismo modo, varias empresas independientes consultadas por la esposa del actual jefe de Órdenes han certificado que las obras que precisa la vivienda (incluyendo la renovación de la pintura interior y exterior, así como la sustitución de las baldosas en algunas dependencias de la primera planta) únicamente costarían 9.000 euros, prácticamente la décima parte de lo que Rivas pretende justificar ante la dirección del Invifas.

Por este motivo, Fernández de Mesa pide al Ministerio que aclare en las Cortes «¿qué se esconde tras la conducta de la Delegación del Invifas en Baleares?».